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El Grupo Socialista de El Ejido pide un informe jurídico que garantice la legalidad del acuerdo de anular casi sesenta millones de euros de derechos reconocidos por la gestión urbanística realizada por Góngora

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[Publicado en Actualidad el 13 septiembre 2011]
El Grupo Socialista de El Ejido pide un informe jurídico que garantice la legalidad del acuerdo de anular casi sesenta millones de euros de derechos reconocidos por la gestión urbanística realizada por Góngora

El Grupo Socialista del Ayuntamiento de El Ejido ha pedido un informe jurídico que garantice la legalidad de la medida adoptada por el equipo de gobierno de anular derechos pendientes de cobro cercanos a los sesenta millones de euros. La Portavoz Socialista, Guadalupe Fernández, considera que el alcalde y su equipo deben explicar con claridad a qué corresponden exactamente esas deudas y por qué se han perdonado.

Según explica Guadalupe Fernández, “en el informe que se nos ha presentado acerca de la baja de los derechos pendientes de cobro, se citan únicamente cantidades procedentes de los años 2006, 2007 y 2008, sin tener en cuenta que gran parte de esas cantidades procedían de derechos de cobro reconocidos con anterioridad, desde 2003, más concretamente. Tras estudiar el informe, consideramos que falta información porque no se mencionan en ningún momento esos derechos pendientes de cobro anteriores”.

La Portavoz Socialista asegura no entender por qué el mencionado informe se centra solo en esos años, cuando la mayor parte de las deudas procede de los años anteriores. “Da la sensación de que ese informe se olvida, casualmente, de los derechos de cobro de la época en la que el actual alcalde era el máximo responsable del Urbanismo en este municipio, y por tanto, el que tenía en sus manos la potestad de hacer y deshacer los convenios urbanísticos que, precisamente, han generado después esos derechos de cobro que ahora se van a eliminar”.

En su opinión, “el equipo de gobierno debe dar una explicación más exhaustiva acerca de este tema porque estamos hablando de cantidades muy importantes que constan como derechos de cobro reconocidos, es decir, como cantidades que deberían ser pagadas al Ayuntamiento por diferentes empresas. Nosotros, con el informe que hemos recibido, no tenemos información suficiente como para saber si esa actuación se ajusta a la legalidad, y por eso hemos solicitado un nuevo informe que nos garantice que es legal cancelar esos derechos de cobro”.

Guadalupe Fernández insiste en la necesidad de que “el equipo de gobierno explique esta medida en aras de la transparencia que tantas veces han prometido a los ejidenses. En este caso, estamos hablando además de dinero público, es decir, de todos los que vivimos en este pueblo, y debemos estar seguros de que todos los pasos que se den en este sentido se ajustan a la legalidad”.

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